López Obrador descarta que un acuerdo de colaboración entre El Mayo y Estados Unidos dañe a su Gobierno

Las autoridades mexicanas insisten a Estados Unidos que aclare las circunstancias del arresto de Zambada y Joaquín Guzmán López, y qué contactos tuvo con ambos narcotraficantes.

Un potencial acuerdo de colaboración entre Estados Unidos e Ismael El Mayo Zambada no preocupa al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo aseguró el presidente en su conferencia matutina de este viernes ante la posibilidad de que Zambada, fundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, hable de sus conexiones políticas y dentro del crimen organizado. “Nada de lo que declare puede afectarnos”, comentó. Después de una semana sin claridad sobre cómo se produjo la captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, las autoridades mexicanas insistieron a Estados Unidos que informe sobre las circunstancias que precipitaron la caída de ambos capos y cuáles fueron los contactos que sostuvieron las agencias de seguridad de Washington con ellos antes de la captura.

Tras la captura de El Mayo, que no había pisado la cárcel hasta la semana pasada, la posibilidad de un arreglo con las autoridades ha sido latente. La estrategia de Estados Unidos contra el crimen organizado funciona, por lo general, como una especie de ecosistema, en el que los peces pequeños delatan a los grandes a cambio de beneficios en su proceso judicial. La incógnita en el caso de Zambada, detenido en un pequeño aeropuerto rural de Nuevo México, es a quién puede entregar entre sus antiguos socios y contactos.

El Cartel de Sinaloa es considerado como una de las principales fuentes del fentanilo que se consume en ese país, la sustancia que está en el centro de la guerra contra las drogas del Gobierno estadounidense. El capo de 76 años, en la cúpula de organización desde hace décadas, no sólo es reseñado como una figura elusiva y reacia a las apariciones públicas, sino como un hombre influyente con una extensa red de contactos que ha penetrado en la política y en las corporaciones de seguridad mexicanas, que le permitió estar durante años fuera del radar de las autoridades.

El antecedente más notorio que apunta al contubernio entre los políticos y el narco es el de Genaro García Luna, antiguo zar mexicano contra la droga durante el Gobierno de Felipe Calderón, que fue condenado en Nueva York por colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa en febrero del año pasado. García Luna, exsecretario de Seguridad, ha sido el funcionario de más alto perfil en ser juzgado en Estados Unidos. Su sentencia está programada para octubre próximo.

“No ocultar nada absolutamente nada, solo no mentir, no señalar por consigna, pruebas, señalamiento con pruebas, y que nadie sea intocable”, declaró López Obrador, que ha utilizado el caso de García Luna como un ejemplo de la corrupción que predominaba en lo que él llama el “antiguo régimen”. El exfuncionario cayó, en buena parte, por los testimonios de más de una decena de narcotraficantes, la mayoría del Cartel de Sinaloa, entre ellos Jesús Rey Zambada, hermano de El Mayo.

Es, sin embargo, todavía pronto para que se afiance un acuerdo de colaboración y es improbable que se haga público en esta etapa del proceso. El capo tuvo apenas su segunda comparecencia ante un tribunal estadounidense, en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), el jueves. La audiencia duró poco más de 10 minutos. El acusado se ha declarado inocente de siete cargos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos ordenados como jefe del cartel.

Frank Pérez, abogado de Zambada, negó el pasado fin de semana que su cliente se haya entregado de forma voluntaria a las autoridades. Fuentes de seguridad en Estados Unidos, sin embargo, han filtrado a la prensa versiones de que El Mayo y el hijo de El Chapo mantuvieron contactos durante años con agentes y funcionarios de ese país. El Gobierno de López Obrador ha hecho público que eso es lo que sostienen sus contrapartes estadounidenses. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que uno de los puntos que buscan aclarar con Washington es “cuál fue el tipo de difusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento previo a esta operación”.

México tiene dos canales conocidos de intercambio de información sobre el caso con la Casa Blanca. Uno es entre Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado. El otro es entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, que ha abierto una carpeta de investigación para elucidar lo que sucedió en territorio mexicano en las horas previas a la detención. La lista de preguntas de las autoridades mexicanas versa sobre cuestiones básicas, según la información que compartió Bárcena: de dónde despegó el avión, la matrícula de la aeronave, la identidad del piloto y el plan de vuelo.

Otra de las cuestiones principales es determinar si hubo participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano para concretar la captura, sin aviso previo a las autoridades de México, lo que supondría una violación a la soberanía del país latinoamericano. La Administración de López Obrador, con todo, ha optado por la prudencia y ha pedido paciencia antes de conocer el informe completo de Washington, en una conferencia de prensa atípica con la presencia de todo su Gabinete de Seguridad.